Deseo asimismo dejar desde ya claro mi punto de vista ante Sus Señorías: entiendo que sólo hay una solución progresista y humana en materia de aborto: proteger siempre al no nacido como a cualquier otro ser humano y proteger siempre a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto como única salida a los problemas derivados del embarazo o concomitantes al mismo.
Cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide el problema que para algunas embarazadas puede suponer un embarazo imprevisto, dará lugar a situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión.
Conforme a estos criterios, puedo ahora hacer un balance de los 23 años de vigencia en España de la actual regulación legal del aborto: con ella se ha consumado un trágico abandono tanto de los derechos del niño no nacido como de los derechos de la mujer; con esta ley no se ha protegido ni al uno ni a la otra.
En la aplicación de la vigente legislación se ha desprotegido totalmente la vida del no nacido hasta límites incompatibles con la protección que para él exige nuestra Constitución según estableció el TC en su sentencia 53/85. La protección de la vida del nasciturus que exigió el TC era ya muy pobre, insuficiente y escasa; pero ni siquiera ésa se ha podido garantizar en la práctica, dada la generalización de una situación de fraude de ley posibilitada por el abuso del diagnóstico del “grave peligro para la salud síquica de la mujer”, la total privatización de las prácticas abortivas a través de las clínicas que lo han convertido en un negocio sin más y la exención de todo control previo o a posteriori que generó el RD 2409/86 al suprimir las preexistentes Comisiones de Evaluación que funcionaron entre 1985 y noviembre de 1986. Así lo demostré ya en 1989 en un trabajo publicado en la revista jurídica del Colegio de Abogados de Madrid. Desde aquel año la situación ha empeorado como demuestran los sumarios y diligencias de que nos han informado los medios de comunicación en los últimos meses.
A la vez que la vida del nasciturus perdía todo valor legal en la práctica y quedaba –de hecho- menos protegida por la norma jurídica que las especies animales y la flora, la mujer embarazada se veía abandonada a su suerte por una ley que la convierte en la “otra víctima” del aborto. En efecto, la vigente legislación ha producido un efecto indeseado: la mujer queda como único responsable de lo que suceda; dado que puede decidir abortar –y sólo ella puede decidirlo-, si no aborta todas las responsabilidades y cargas que se deriven del nacimiento del niño recaen sobre ella en exclusiva; y si aborta es ella -y sólo ella- la responsable de lo que ha hecho.
La despenalización del aborto es una solución machista que, a costa de la mujer, hace al hombre irresponsable de su conducta sexual y sus consecuencias. Ahora sólo la mujer paga el precio de lo imprevisto: si aborta, porque lo hace por que ella lo decide; y si no aborta, porque fue decisión suya “tenerlo”. En la vida real, la posibilidad legal del aborto se ha convertido en una forma de “violencia de género”, de chantaje a la mujer en las relaciones de pareja.
Así, el aborto siempre tiene dos víctimas: el niño que no llega a nacer y la mujer. Desearía que esta Subcomisión analice la documentación científica disponible sobre el “síndrome post-aborto”, esa lacerante repercusión sicológica que tiene para la mujer con mucha frecuencia el aborto a que la condena una legislación como la vigente en un contexto de explotación de género.
Esta es la realidad que en mi opinión debería considerar esta Subcomisión para proponer una profunda revisión de la legislación vigente de forma que en nuestro país nunca más carezca de protección la vida del no nacido y nunca más una mujer se vea abocada a algo tan dramático como abortar en un contexto de abandono legal y chantaje machista por parte de un irresponsable amparado por la llamada “ley del aborto”.
El aborto es algo muy serio para la mujer y, obviamente para el bebé. La banalización del aborto en nuestra sociedad es algo muy serio pues legitima una forma de violencia contra niños y mujeres. No es razonable, por tanto, que el aborto sea tratado legalmente como algo indiferente, privado, sin trascendencia: esto es lo que supondría una ley de plazos. Una ley de plazos sería tratar como anodina una conducta que tiene una inmensa trascendencia negativa para los derechos humanos y la salud de las mujeres.
Si la Subcomisión decidiera apostar por mantener una legislación como la vigente, al menos habría que tomar una serie de medidas para evitar el fraude de ley en que se aplica y, al menos en parte, la injusticia que genera. Les sugiero las siguientes:
– un plazo máximo para el llamado “aborto terapéutico” y exigencia de que los dictámenes preceptivos sean emitidos por profesionales de la sanidad pública o, al menos, sin relación profesional o mercantil alguna con los centros privados en que se realizan abortos.
– una regulación exigente del “consentimiento informado” para que ninguna mujer acuda al aborto sin la información suficiente sobre sus consecuencias, incluyendo la relativa al síndrome post-aborto y las alternativas posibles.
– Reforzar un uso ético del diagnóstico prenatal, con mejores protocolos médicos sobre la certeza de sus resultados y la forma de comunicarlos a la embarazada.
– Recrear mecanismos de control previo sobre la concurrencia de los supuestos despenalizados del tipo de las Comisiones previas de evaluación que existieron en España en 1985.
– Potenciar y agilizar la adopción, incluida la prenatal.
– Crear una red de apoyo solidario a la mujer embarazada para que ninguna mujer se vea abocada al aborto por carecer de alternativas viables para afrontar los problemas que están en la base de la decisión de abortar.
Más allá del debate sobre el tratamiento penal del aborto, hay algo que esta Subcomisión debe considerar en mi opinión: el aborto, cada aborto, es algo malo, algo terrible, algo que no debería producirse; y por tanto algo frente a lo cual las políticas públicas deben comprometerse para evitarlo. Más allá del tratamiento penal del aborto, hay determinadas políticas públicas en las que todos deberíamos coincidir: aquellas que se planteen como objetivo evitar que haya abortos, evitar que existan mujeres que tengan que pasar por este drama. El aborto es siempre un fracaso. Cien mil abortos al año son un inmenso fracaso de las políticas públicas en España.
En la lucha contra el tabaquismo, contra el alcohol, contra los accidentes de tráfico o contra la violencia doméstica hemos logrado éxitos al implicar a las Administraciones públicas. Si hubiésemos considerado esas conductas como privadas, como indiferentes para el bien común, no habríamos hecho nada y tales conductas seguirían creciendo. ¿Por qué no hacer lo mismo con el aborto, más allá incluso de su tratamiento penal? Este es un terreno en que quizá todos podríamos coincidir y ayudar a evitar tanto fracaso y dolor.
Les propongo a continuación algunas medidas que, entiendo, esta Subcomisión podría valorar y hacer suyas si de verdad asumimos -¡todos!- como objetivo evitar que ninguna mujer tenga que pasar por algo tan dramático como un aborto:
– ayudar a reforzar la conciencia pública del derecho a nacer y vivir de los niños con minusvalías,
– crear y fortalecer una red de información y apoyo solidario a la mujer embarazada para que nunca esté sola ante los problemas que le genere el embarazo, de forma que siempre pueda tener a su alcance soluciones alternativas compatibles con la continuación del mismo.
– Pedagogía pública contra el aborto como se hace contra el tabaco o los accidentes de tráfico, informando de sus consecuencias reales.
Plantearse la cuestión así exige superar lo que entiendo es el gran lastre del actual debate parlamentario y social sobre el aborto en España: los intereses económicos de las empresas que han hecho del aborto un negocio. Por desgracia, parecería que detrás del debate actual no están más que los intereses de estas empresas, su miedo a que se les aplique la legislación vigente por los tribunales competentes como a cualquier otra persona o entidad. Así se deduce de las noticias de prensa y del análisis de a quien recibe el Gobierno para hablar de este tema. Me parecería tristísimo que al regular una realidad tan dramática y dura como el aborto primasen solo los intereses económicos de unos pocos.
Concluyo.
La realidad del aborto hoy en España es la de una total desprotección práctica de un bien protegido por la Constitución, la vida del no nacido; y de una situación de injusticia estructural con la mujer. Una ley de plazos no haría más que aumentar estos dos males. Una política activa que trate al aborto como lo que es , algo que no debería producirse, ayudaría a empezar a poner coto a esta triste situación que se prolonga y agrava con los años.
Muchas gracias.
Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Familia
Para escuchar la comparecencia ante los medios pinchar:
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Para ver la comparecencia en Inglés pinchar:
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