La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se ha reafirmado, durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en las medidas que anunció a través de los medios de comunicación la semana pasada, que pueden resumirse en una: ideologizar la educación vulnerando los derechos de padres, alumnos y de la comunidad educativa.
Mientras propone dotar de mayor peso al Consejo Escolar en los centros -supuestamente dándole mayor poder a los padres en el día a día de los colegios-, el Gobierno socialista implantará de nuevo de manera obligatoria Educación para la Ciudadanía. De nuevo ha evitado entrar en detalles de los contenidos que se impartirán, insistiendo en lugares comunes de buenismo. «La educación debe fomentar la libertad, la ciudadanía o la tolerancia”, ha indicado, insistiendo en que será una materia centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticos como fija la Declaración de París de 2015.
También cuestiona la libertad de elección de los centros escolares por parte de los padres, al señalar que derogará el artículo 109 de la LOMCE por el que la demanda social permitía el aumento de alumnos en la enseñanza concertada. Según la ministra, «la demanda social» (por la que el PP ha luchado durante años) es «un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada«. «La red pública tendrá preminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización», ha dicho.
Con esta iniciativa se vulnera el artículo 27 de la Constitución Española y, sumada a la imposición de la nueva asignatura, el Gobierno pretende asegurarse el control de las conciencias de las próximas generaciones, rompiendo el consenso constitucional y agrediendo derechos y libertades fundamentales de padres, alumnos y la comunidad educativa.
