Algunas decisiones de los políticos españoles, incluidos los “novísimos” que hoy se sientan en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, pueden evocarnos aquella escena goyesca en que dos campesinos se lían a garrotazos en medio del campo. La idea es golpear y derribar, porque el adversario es el “mal absoluto”, y todo lo que ha salido de sus manos no vale un pimiento. Aunque sea una iniciativa para proteger a las madres en situación de desventaja social.
Es lo que ha sucedido en el Parlamento balear. Allí, la fuerza combinada del Partido Socialista, Podemos y Més –que es suficiente para mantener fuera de combate al PP, vencedor en las elecciones autonómicas de 2015– acaba de derogar la Ley 9/2014, que establecía y regulaba la protección a la maternidad en ese territorio.
Cuesta trabajo creer que la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos haya descubierto algún “bien irrenunciable” en la necesidad de deshacerse de una normativa que, entre otras previsiones, subrayaba el derecho de la gestante a ser asesorada para superar cualquier conflicto motivado por su embarazo, y a ser informada personalmente sobre qué ayudas podía recibir.
La ley derogada subrayaba el derecho de la gestante a recibir asesoramiento para superar cualquier conflicto motivado por su embarazo, y su prioridad para recibir prestaciones
Ignoramos qué urgencias políticas había para desechar una ley que, tras las autonómicas de ese año, quedó en suspenso, sin un plan de acciones, pero que hubiera impulsado medidas para evitar el embarazo adolescente, promovido la corresponsabilidad del padre y dado prioridad a las embarazadas en el acceso a las prestaciones sociales, en una suerte de “discriminación positiva” que les es tan cara a los que se erigen en defensores exclusivos de los derechos de las minorías.
No, no había urgencias. Era simplemente pasar hollando la tierra, como Atila, y que no quedara ni rastro de la hierba anterior. Era el deseo de descalificar por “ideológica” –así de simple– la que fue una iniciativa legislativa popular, que el PP terminó llevando al plenario en la legislatura anterior. “¿Conque fue el PP? Pues ahí va: garrotazo”.
Si las estructuras oficiales no funcionan…
Con independencia de los pareceres políticos, lo real es que existe una necesidad que el Estado no ha cubierto oportunamente, y es la razón de que hayan salido adelante leyes de protección a la maternidad. Según explica a Aceprensa Agustín Buades, delegado del Foro de la Familia en Baleares, solo en esa comunidad autónoma la organización RedMadre brinda apoyo a unas cien mujeres cada año, para que puedan seguir con su embarazo y no se vean circunstancialmente forzadas a abortar. Si las estructuras oficiales no funcionan, alguien tiene que echar una mano.
La colaboración es multidimensional, tanto como las variadas situaciones de quienes tocan a la puerta de RedMadre. Y María José Lucas, responsable de la organización en Ibiza tendría muchas historias que narrar.
RedMadre brinda apoyo a unas cien mujeres cada año en Baleares, para que puedan seguir con su embarazo y no se vean forzadas a abortar
“Una mujer –nos cuenta– puede necesitar ayuda solamente en cuanto a leche, pañales o ropa para el bebé. Otras han necesitado apoyo psicológico, y otras, además de lo material, han precisado asistencia por parte del abogado. A algunas les hemos dado ayuda para su reagrupación familiar, porque se han marchado a otros sitios, a Barcelona, o a Lugo –en el caso de una que sufrió maltrato–. A otras, no muchas, se les ha ayudado con el alquiler, o con el pago de un recibo. Todo depende de las necesidades concretas”.
Pues todo bien. Que la sociedad civil trabaje en la resolución de las deficiencias sociales va en consonancia con el principio de la subsidiariedad, por el que los actores no gubernamentales y las instituciones del Estado persiguen de modo complementario la consecución del bien común. Lo que sorprende es que quienes recién llegan a las instituciones, en lugar de acompañar, se coloquen enfrente y se vuelvan generadores de problemas. Quizás por un sentido de que “este es mi momento: el de la revancha”.
“A nosotros –añade María José– han llegado casos como el de una madre que acudió recientemente a un centro de bienestar social, dependiente del Ayuntamiento. Allí le han planteado que si quería abortar, de acuerdo, pero que si deseaba continuar con el embarazo, esa era su responsabilidad, y que se apañara, porque no la iban a ayudar. Así se lo ha dicho de claro una persona, que deja mucho que desear como asistente social. Si a una mujer que es vulnerable, que va buscando ayuda, le dicen que ese es ‘su problema’, pues ya se comprenderá cómo está el tema”.
A mayores prestaciones, menor riesgo de aborto
La decisión del gobierno balear y de sus acólitos de Podemos tiene además el germen de la contradicción con los ideales de justicia y otras banderas usualmente agitadas por la izquierda. A fuerza de negar apoyo institucional a las mujeres en desventaja social y económica, han apostado por convertir la maternidad en un privilegio de las que sí reúnen todas las condiciones para tener hijos. Así, los “enemigos jurados” de la exclusión, de los guetos, de la división en grupos y clases, se metamorfosean en sus mayores promotores.
No les chirría para nada la sentencia del Tribunal Constitucional, de 1985, sobre el tema del aborto. En el texto, los magistrados explicaban que, justamente a medida que el Estado social expandiera sus prestaciones asistenciales, se contribuiría “de modo decisivo a evitar la situación que está en la base de la despenalización” del supuesto eugenésico (punto 11.c de los Fundamentos Jurídicos). A saber, que mientras más generosas fueran las prestaciones a la mujer, menos abocada se vería a interrumpir el embarazo.
No se entiende, pues, que una norma planteada con el objetivo de ofrecer a la mujer un abanico de apoyos y posibilidades, sea abruptamente derogada por entenderse que ya la ley de 2010, “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” es suficiente para dar respuesta a cualquiera de las encrucijadas vitales en que puede verse la gestante. Solo que la también conocida como “ley Aído” es directamente, y así se puede comprobar de su letra y espíritu, una norma de “salud no-reproductiva”, y los cientos de mujeres que buscan amparo en RedMadre son el mejor signo de que, a menos que quieran abortar, el sistema no tiene “salud” alguna que ofrecerles.
Un suicidio demográfico
Si el innegable sentido humanitario de una ley de protección a la maternidad no basta para convencer a la izquierda balear, al menos debieran hacerlo las matemáticas, el frío cálculo económico.
En tal sentido, Buades cita un problema: el del envejecimiento poblacional de las islas. “Según la encuesta de proyección poblacional hasta el 2029, en esa fecha habrá 40.000 personas mayores más en Baleares, y 10.000 niños menos. Y seguirá decayendo la natalidad, verdadero soporte de la sociedad del bienestar social”.
La tozudez, sin embargo, ha podido más que las conveniencias, como la fábula de la rana que llevaba sobre sí a un escorpión para pasarlo a la otra orilla: el instinto depredador de la sabandija pudo más que su deseo de llegar a salvo, y terminó clavándole el aguijón a su compañera y ahogándose con ella.
¿Quién sostendrá el Estado de Bienestar, ese al que Podemoset al. hacen parir subsidios, pagas mínimas por ciudadano y sanidad gratuita para todo el que asome la cabeza por España? Es un misterio. O no. Quizás sean… los toros.
Es la gran paradoja: el mismo día en que la izquierda balear tumbaba la ley a favor de la maternidad, iniciaba su andadura parlamentaria una proposición de ley por la que se prohibirán, ya desde junio próximo, las corridas de toros en las islas, y aún la participación de animales en los espectáculos circenses de toda la vida.
Así, pues, “¡toros sí, madres no!”, estarán regodeándose victoriosos los diputados de la izquierda balear. Y que vivan –y trabajen, y coticen…– los astados.
Artículo de Luis Luque en Aceprensa.
