La Generalitat ha presentado a información pública el proyecto de ley que persigue autorizar las adopciones a las parejas homosexuales.Por tanto, se abre el plazo para presentar alegaciones que, sin duda, serán numerosas y variadas, en gran medida por el fondo de la cuestión: la disconformidad con el hecho de que un niño sin familia pueda convertirse en instrumento al servicio de una reivindicación política que constituye una pieza central del homosexualismo político. Es público y notorio que, en la práctica, las adopciones que se van a producir en la mayoría de los casos son escasísimas.
Al afirmar esto, no hago ningún ejercicio de profecía, sino que simplemente me limito a interpretar los datos existentes. La ley de parejas de hecho que se aprobó en el año 1998 en Cataluña no prevé siquiera registro oficial donde inscribirse. Hay tan poco interés que nadie ha requerido abrir esta instancia obligada.Nadie ha tenido interés en el registro, no fuera que se tuviera que contar a los registrados, como sí puede hacerse en el caso de Aragón, constatando que su número es desolador. En definitiva, de las posibles parejas formalizadas, ¿cuántas quieren adoptar a un niño?
Pero no se trata sólo de esto, sino de que es público y notorio que en España no existe un número mínimamente suficiente de niños a los que adoptar. En Cataluña, el año pasado, sobre algo más de 1.100 adopciones, sólo 79 fueron del propio país. Por tanto, la pareja homosexual va a tener que ir a cualquiera de los grandes donantes, como por ejemplo China. Pero ahí empieza la otra parte del sinsentido, porque la mayoría de estos países no aceptan como sujeto adoptante a las parejas homosexuales. En consecuencia, esta vía también queda cerrada.
Estamos, por tanto, ante una ley política cuyo fin fundamental es el de romper la concepción del matrimonio y la familia como institución. Y esto no lo digo yo; lo dice una persona tan relevante de la izquierda europea y francesa como Lionel Jospin, que se opone frontalmente al matrimonio y la adopción homosexual. Su razonamiento es breve y contundente: «El matrimonio es una institución configurada sólo en torno a un hombre y una mujer, constituye un referente y no puede modificarse», y añade que «todo niño nace de padre y madre y, por tanto, tiene el derecho a que su situación futura cumpla con esta condición».
Pero la ley catalana tiene otra derivada que pone en peligro las adopciones en el extranjero por parte de los matrimonios.Permite el ejercicio de un fraude de ley contra los países que no permiten adoptar a los homosexuales. Uno de ellos, sin alegar lógicamente su condición, puede tramitar la adopción de una niña, por ejemplo, en China. Cuando lo consigue y ya está en Cataluña, su pareja homosexual puede adoptar también a la niña según la futura ley catalana, con lo cual la prohibición china se va a hacer puñetas. Naturalmente a partir del momento en que esto se conozca, que será pronto y se extenderá por todo el mundo, de la mano de las organizaciones internacionales que velan por la adopción, la respuesta de estos países donantes para evitar la burla será, cerrar la frontera a las adopciones que provengan de Cataluña o de aquellos otros lugares donde exista una legislación similar.
Los países donantes no necesitan para nada de Cataluña, porque las peticiones del mundo occidental los desbordan. Es Cataluña quien los necesita. Miren por dónde, una ley ideológica de instrumentalización política del niño creará un grave riesgo al deseo de tantos matrimonios de adoptar un hijo.
