Vamos tachando ya los días que faltan para el comienzo del nuevo curso escolar. Un nuevo curso lleno de esperanza para las familias, o no; como diría un famoso gallego tocayo mío: “depende”.
Y ¿de qué depende?
Tenemos pendiente el Pacto por la Educación o 17 pactos educativos. Apuesto que saldrá adelante esto último. Nuestros diputados no se van a complicar la vida y elaborarán una ley de bases con tres o cuatro acuerdos. El resto, que lo pacten los partidos con representación parlamentaria en los órganos legislativos autonómicos (Asambleas, Parlament, etc.).
Voy a intentar predecir los acuerdos: potenciación de la profesión docente -MIR para el educador-, innovación educativa, más inversión -no se han mejorado los resultados aumentando los presupuestos para educación- y mayor autonomía para los centros, -confío en que sea para conseguir la ansiada libertad de los padres para elegir el sistema educativo para sus hijos, pero no creo que sea ése el objetivo.
En definitiva, el Pacto por la Educación se desdoblará en 17 pactos educativos porque la educación, si no lo saben, está transvasada a las Autonomías.
Diecisiete interpretaciones de algo tan fundamental para nuestro país como es la educación. La aplicación de los conciertos, la elección de centro por parte de los padres, el adoctrinamiento -o no- de los alumnos a espaldas de los padres o sin su consentimiento, y un sinfín de medidas que afectarán a la educación de los hijos de las familias españolas, se tomarán, en cada región de España, de acuerdo a las ideologías del gobierno autonómico o de sus acuerdos con las ideologías de otros.
¿Y los padres?
La educación no puede estar en manos del Estado. La Educación no es un problema de concierto sí, concierto no; de si debe haber clase de religión o no o de educación diferenciada. No, la educación debe ser para todos equitativa, de calidad y dando prioridad absoluta a la voluntad de los padres, fuera de toda ideología partidista.
La vida familiar y laboral, la conciliación, la prestación universal por hijo… Las ayudas a las familias se aplican de forma diferentes dependiendo del lugar de residencia; la gestión de las medidas sociales también está traspasada a las comunidades autonómicas. Por tanto, las ayudas a las familias vendrán determinadas por la ideología correspondiente, produciendo así diferencias entre familias de las diversas regiones de España.
Cada vez somos menos españoles. Deberíamos resolver el problema demográfico en nuestro país. Señores dirigentes de los partidos políticos, tienen ustedes la obligación moral de buscar una solución urgente al problema de falta de reemplazo generacional de la sociedad española.
Por todo esto, desde el Foro de la Familia seguimos reclamando, ya desde hace varios años, la necesidad de un Ministerio de la Familia y una Ley Nacional de Apoyo a la Familia.
Si todo va mejorando ¿por qué no se apuesta, de una vez por todas, por compensar a las familias todo lo que hacen por el Estado?
Me estoy refiriendo, muy especialmente, a los señores Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, y al resto de líderes de otras agrupaciones políticas.
No se olviden ustedes de la particularidad de su trabajo: a ustedes, señores de la clase política, se les ha elegido para que nos sirvan a los españoles, para que gestionen lo mejor que puedan nuestros recursos pensando siempre en el bien común y en el futuro de España, de sus familias y sus ciudadanos.
La sociedad civil reclama compensación a los esfuerzos que ha tenido que hacer en estos años de recuperación económica y espera de sus representantes un auténtico espíritu de servicio.
Hay muchas asociaciones civiles en España (del mundo educativo, profesional, asistencial, etc.) que representan a una gran cantidad de familias españolas, dispuestas a colaborar en el desarrollo e implantación de una potente política familiar por el bien de todos.
Sólo les pedimos espíritu de servicio y que atiendan nuestras necesidades.
