En condiciones normales los anticonceptivos no son fármacos que curen ninguna enfermedad, sino productos usados voluntariamente para evitar las consecuencias de una conducta libre y voluntaria. No hay por tanto ninguna razón para que el Estado con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos financie el consumo de tales productos.El lobby de la industria de la anticoncepción ha logrado en las últimas décadas manipular a la opinión pública y a los políticos de muchos países para que el Estado se convierta en el mayor publicista de sus productos y en el financiador de su consumo, contra toda lógica. Quien usa anticonceptivos es porque libremente decide tener relaciones sexuales y libremente quiere evitar las consecuencias de su conducta libremente elegida; ¿por qué todos los contribuyentes debemos financiar con nuestros impuestos el coste que supone este conjunto de decisiones libres y voluntarias de algunos?
La decisión del Gobierno español de dejar de financiar algunos anticonceptivos de última generación manifiesta una independencia loable de los intereses económicos capitalistas de determinadas industrias que aspiran a vivir del presupuesto público; pero es una decisión que se queda corta. Lo justo sería que el Estado no financiase ningún producto anticonceptivo pues nadie está obligado a mantener relaciones sexuales ni a optar por el consumo de anticonceptivos; y, si lo hace, es razonable que asuma las consecuencias -también las económicas- de su conducta libremente asumida.
¿Se imaginan ustedes que el Estado incentivase el consumo de alcohol y tabaco y financiase ese consumo y además financiase los tratamientos contra el alcoholismo y el tabaquismo? ¿No pensaríamos todos que el Estado estaba al servicio de los intereses económicos de las empresas productoras y vendedoras de alcohol y tabaco? Seguro que sí.
Es razonable pedir al Gobierno español que dejen de financiarse los anticonceptivos con cargo a los impuestos de todos los españoles pues su uso no tiene como finalidad curar ninguna enfermedad. La financiación estatal de los anticonceptivos no deja de ser poner el Estado al servicio de los intereses particulares de empresas que logran ser parasitarias del presupuesto para no asumir el riesgo de competir en el mercado…¡y a costa de los impuestos que pagamos todos!
Cuando no hay dinero para subir las pensiones, ni para mantener el desempleo de los mayores, ni para becas, ni para políticas familiares…; que sí se dediquen recursos públicos a financiar a multinacionales farmacéuticas comercializadoras de anticonceptivos es profundamente injusto y refleja un contubernio entre políticos y empresas injustificable y vergonzoso .
