La confluencia de la crisis económica que azota brutalmente a millones de familias, y los recortes en el gasto público asociados a la política del Gobierno, están haciendo mucho más dura la vida de las familias españolas. Parece de justicia que el Gobierno discrimine positivamente a la familia a la hora de definir tanto las políticas de gasto público como las fiscales, pues la familia sigue realizando una labor de inmensa eficacia social que, sino fuese atendida por las propias familias, generaría nuevas fuentes de gasto público.
Aún comprendiendo las exigencias en materia de control del gasto, no se entiende que siga habiendo dinero (aunque sea menos) para subvencionar partidos, sindicatos, deportes, cine, etc, y no se encuentre un resquicio para reducir el IVA que pagan las familias por productos básicos y obligatorios como pueden ser por ejemplo, los libros de texto escolares y otros productos asociados a la imprescindible atención de los más pequeños. La incidencia en el gasto público de pequeñas medidas de apoyo a la familia sería perfectamente soportable; el problema es de voluntad política.
Mientras esperamos el tantas veces anunciado plan de apoyo a la familia que elabora el Misterio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, hay que recordarle al Gobierno que muchas familias lo están pasando muy mal y ya no pueden esperar más para ser tenidas en cuenta y justamente consideradas dado que soportan heroicamente la política social más eficaz, la de acoger, cuidar y sostener con generosidad infinita a los que más lo necesitan.
