Los documentos hechos públicos por el Foro de la Familia con decenas de medidas de política familiar a desarrollar tanto por la Administración General como por las autonómicas y locales, van en la línea de la recomendación por parte de la Unión Europea y de Naciones Unidas de incorporar la perspectiva de familia a todas las políticas públicas. Las medidas son conocidas y lo que ahora hace falta es voluntad para implementarlas.
La crisis económica ha puesto de manifiesto la insustituible e impagable función social de la familia, que está llevando su labor solidaria a donde no pueden llegar los poderes públicos por falta de recursos económicos. Es por tanto especialmente oportuno en estos momentos que las administraciones públicas se vuelquen en apoyo de las familias.
No puede ser disculpa para esta línea de trabajo la falta de dinero en las arcas públicas pues muchas de las medidas propuestas –y algunas de las más importantes-, no tienen ningún coste económico y, por contra, pueden disminuir el gasto público. Así sucede por ejemplo con las medidas para dar estabilidad al matrimonio o con las propuestas sobre la reforma del sistema educativo. Familias estables que cuidan y atienden a los miembros menos favorecidos de las mismas y un incremento de la enseñanza de iniciativa social aliviarían profundamente a las arcas públicas en algunos de los programas de gasto social que más recursos consumen.
