El reciente estudio realizado por la Federación Nacional de Centros y Servicios de Mayores (FNM), la patronal más representativa del sector, recoge cerca de 700 nuevas residencias que se han proyectado construir en España hasta 2005. La FNM pretende ofrecer también las claves del futuro del sector, caracterizado por un desajuste entre la oferta real y la demanda. El estudio de la FNM recomienda la creación urgente de más plazas concertadas con la Administración para reducir, en lo posible, las actuales listas de espera.
Ante este nuevo incremento de plazas y centros residenciales que prevé la federación, el número de plazas superará las 300.000 y los centros residenciales pasarán de 4.814 a 5.498 en 2005.
La federación ha recabado datos de los 8.910 municipios que existen en España, a los que se les solicitó información sobre las licencias de obras que habían concedido para levantar nuevas residencias y por aquéllas que aún se encontraban en periodo de concurso.
El sector geriátrico ha crecido notablemente en los últimos años, entre un 20 y un 30 por ciento anual, y las previsiones de la FNM apuntan a un crecimiento del 15 por ciento entre 2004 y 2005. El aumento se concretará con la creación de un total de 684 residencias, lo que supone poner en el mercado alrededor de 33.919 plazas. Andalucía, la comunidad que más nuevas plazas concentrará, 6.446, construirá 133 nuevas residencias. Le sigue Castilla-La Mancha, con 128 nuevas residencias con 4.245 plazas. La Comunidad Valenciana, con 58 nuevas residencias, tendrá capacidad para 4.564 nuevas plazas.
Según las previsiones de la FNM, el incremento de plazas residenciales supondrá una media de 4,64 camas por cada 100 habitantes mayores de 65 años, alcanzando la ratio europea que se sitúa en 4,20. Este aumento de centros hace que se supere el objetivo marcado por el Plan Gerontológico Nacional, que aconsejaba 3,5 camas por cada 100 personas mayores. Las cifras obtenidas revelan que la tendencia continuará como hasta ahora con un exceso de la oferta privada y gran déficit de la pública. Actualmente, en España hay 4.814 residencias de mayores, de las cuales el 35 por ciento son públicas o concertadas, y el resto privadas. La FNM prevé, en su estudio, la creación de 13.129 plazas privadas repartidas en 164 centros.
Ante estas perspectivas, la patronal considera urgente crear más plazas concertadas para equilibrar la oferta y demanda y acabar con las listas de espera, y pasar al 70 por ciento de plazas subvencionadas.
UNA NUEVA LEY.
La FNM entiende que la Administración debe dotar el presupuesto necesario para permitir el acceso a estas plazas y recomienda la promulgación de una Ley básica de Dependencia que regule y ordene el ámbito socio-sanitario.
La Ley debería establecer, de forma concreta, los derechos que asisten a los mayores y, en especial, su derecho a recibir prestaciones sanitarias con carácter universal y en función de sus recursos económicos.
Esta Ley de Dependencia, en cuya elaboración tendrían que intervenir todos los sectores afectados, debería proveer de un sistema de ayudas a todas las personas dependientes, de manera que cada persona que lo solicite disponga de una plaza en una residencia. La Ley también debería garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por las empresas, teniendo en cuenta las actuales diferencias legislativas entre Comunidades Autónomas.
EVITAR EL INTRUSISMO
Asimismo, la nueva Ley debería evitar el preocupante fenómeno del intrusismo que se está dando en los últimos años. Diversos grupos empresariales, creyendo que se trata de un mercado con una creciente demanda y por tanto, grandes beneficios, aplican políticas comerciales que perjudican el nivel de calidad.
La FNM considera que cualquier iniciativa en este sector tiene que exigir recursos humanos y los márgenes que se obtienen sean ciertamente justos.
El sector confía también en que el Gobierno reduzca el IVA que actualmente se aplica a los servicios prestados a personas mayores a través de centros y entidades de carácter asistencial. De esta manera, los residentes en España se acercarán al resto de mayores de la Unión Europea, donde no se cobra el IVA en ningún país.
El líder socialista anunció la colocación en septiembre de la primera piedra de uno de sus proyectos estrella, la puesta en marcha de «un sistema nacional de ayuda a las personas dependientes», en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Lo definió como «el cuarto pilar del Estado del Bienestar» -tras la Seguridad Social, la Educación y la Sanidad- y prometió que «ni una persona mayor ni un discapacitado quedarán sin ayuda».
Este proyecto compartirá protagonismo en los presupuestos del 2005 con la investigación y la ciencia, que será la partida con mayor aumento de inversión.
Por otro lado, el Gobierno central destina 22’8 millones a planes sociales. El País, 17 de julio de 2004.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de 224 millones de euros para el desarrollo de once programas sociales en las comunidades autónomas y corporaciones locales en 2004, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales del pasado mes de junio, de los que 22,8 millones se destinarán a la Comunidad Valenciana. Así, se «cumple con el compromiso y la exigencia de trabajar por y para los ciudadanos y distribuir con justicia lo que todos los españoles aportan con su solidaridad», según afirmó la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega.
«Creemos que es importante la cuantía del dinero que se ha destinado a comunidades autónomas y corporaciones locales para desarrollar estos programas», concluyó tras el Consejo de Ministros. La partida principal de estos recursos va dirigida al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, que dispondrá de 90,8 millones de euros (40,41% del total). Le siguen las cuantías destinadas al Plan de acción para Mayores y a los Programas de Atención Primera Infancia (de cero a tres años) que ascienden a 69,3 millones y 28,7 millones de euros, respectivamente. El resto de los casi 225 millones se dividen en tres millones para el Plan de Desarrollo Gitano; otros tres para el Plan de Erradicación de la Pobreza; 3,3 para el Plan del Voluntariado; 13,7 para iniciativas de apoyo familiar; tres millones para programas de ejecución de medidas para menores infractores; 915.750 euros, para cuestiones de la infancia maltratada; 3,7 millones para programas de integración social de inmigrantes, y 4,9 millones para el Plan de Acción para Personas con Discapacidad.
22,8 millones
Respecto a la distribución por programas, a los cuatro desarrollados en el ámbito de la familia y de la infancia se dirigen el 20,66% de los recursos económicos, mientras los de integración social de inmigrantes reciben el 1,66% del presupuesto. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más dinero recibe, con 42,2 millones de euros; seguida por Cataluña, con 34,2, Madrid con 27 y Comunidad Valenciana con 22,8 millones. El resto del presupuesto se reparte entre Aragón (7,9), Asturias (6,9), Baleares (4,5), Canarias (9,3), Cantabria (3,4), Castilla y La Mancha (11,4), Castilla y León (16,9), Extremadura (7,4), Galicia (18,2), Murcia (6,9), La Rioja (2,7), Ceuta (1,1) y Melilla (1,1).
Las actuaciones se centrarán en la prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, la intervención social integral para la erradicación de la pobreza, el desarrollo de equipos de voluntariado por las autonomías y la conciliación entre la vida laboral y familiar, atendiendo a los niños menores de tres años. Además, las iniciativas deberán fomentar el apoyo a familias en situaciones especiales.
PSOE, PP, CCOO y UGT coinciden en implantar con urgencia un sistema de atención a personas dependientes
Los principales partidos políticos y agentes sociales coincidieron ayer en la necesidad de implantar con urgencia un sistema de atención a las personas dependientes, principalmente mayores y discapacitados, que conforme el cuarto pilar del Estado del bienestar.
Es una de las coincidencias expresadas en una mesa redonda celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el seminario «Los retos de la Seguridad Social», que se está desarrollando esta semana en Santander.
La portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Isabel López i Chamosa, resaltó los efectos positivos que tendría la implantación del sistema de atención a los dependientes en una triple vía.
Por un lado, conseguir una mejor atención a los mayores; en segundo lugar, liberar a las mujeres de la atención a dicho colectivo, fomentando su acceso al empleo; y, por último, generar unos 500.000 puestos de trabajo, muchos de los cuales podrán ser ocupados por personas de más de 40 ó 45 años, que son las que ya realizan esta labor.
El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, José Ignacio Echániz, indicó que la atención a las personas con dependencia debe de ser uno de los ejes fundamentales a los que se enfrente España en los próximos meses, ya que hay una carencia de protección social que se debe cubrir.
