Massachussets se ha convertido en el primer Estado de la Unión que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sigue así el ejemplo pionero de Holanda, Bélgica y tres provincias canadienses. La intención del Gobierno español es incorporarse a la nómina. De la injusta proscripción de la homosexualidad se está transitando hacia una equiparación con las parejas heterosexuales. Salvo minorías recalcitrantes, nadie niega la legalización de las parejas del mismo sexo ni el reconocimiento de determinados derechos derivados de esas uniones en el ámbito civil. Pero la admisión del matrimonio entraña una extravagante equiparación de lo que no es equiparable. No se trata sólo, con ser esto importante, de la ausencia de un consenso social para dar un paso semejante, ni de que la moral social vigente en la mayoría de los países occidentales, también en España, pueda plantear dudas y objeciones. Es algo tan grave y sencillo como la destrucción de la noción clásica de la familia. Esta afirmación no se sustenta en creencias o prejuicios, sino en la realidad que la naturaleza ha establecido. La familia, que ha revestido en la historia y puede seguir revistiendo varias formas (desde la patriarcal a la poligámica), tiene como fines esenciales, entre otros, la transmisión de la vida y la educación de los hijos. Por más vueltas que se le dé, una pareja homosexual no puede procrear. Y eso, no por imperativo legal, sino natural. Por lo tanto, no puede dar lugar a una familia. Y eso no empaña su dignidad, como no lo hace en los casos de los grupos de amigos, iglesias o clubes deportivos. Acaso muchas personas encuentren en estas realidades el afecto ausente en sus familias, pero no por eso se convierten en familias.
No acaba de entenderse el afán matrimonial de tantas parejas homosexuales, ni por qué no les basta el reconocimiento legal y el disfrute de derechos económicos y sociales. Acaso se trate de una manifestación más de una de las tendencias fundamentales de nuestra época a buscar una igualación absoluta y a ver en toda diferencia legítima la sombra de la discriminación. El asunto no es menor, ya que afecta a la institución básica de la sociedad, aquélla en la que se forjan las personas y se adquieren los valores. Al menos, cabría esperar, tal vez sea desesperar, que podamos asistir a un debate sereno y no a una apoteosis de la demagogia igualitaria. No es correcto que la ley equipare lo que, por naturaleza, no es equiparable.
