En ella se adquieren habilidades tan importantes como la utilización del lenguaje, la capacidad de comunicarse, las destrezas motoras básicas…; de las relaciones padres-hijos surgen la afectividad y los aprendizajes morales y sociales.
Tradicionalmente, la familia pertenecía al ámbito de la privacidad, pero las políticas públicas en torno a ella, fruto de las necesidades que a lo largo de los años han ido surgiendo, han llevado a plantearla como un asunto común, que atañe a toda la ciudadanía, ya que se pretende dar respuestas colectivas a problemas y cuestiones que todos compartimos.
Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones que han afectado de manera determinante a la configuración de la familia y a la necesidad de apoyo que ésta requiere: el alargamiento de la esperanza de vida, la caída de las tasas de natalidad, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, el incremento del número de separaciones y divorcios y las nuevas formas de convivencia. En cualquier caso, se hace cada vez más necesario que los poderes públicos apuesten por las políticas que primen y ayuden a las unidades familiares, sean éstas cuales sean, considerando que tales políticas, como ocurre con la educación, representan siempre una inversión y no un gasto. Una buena política de apoyo familiar, que le permita desarrollarse y desempeñar correctamente sus funciones, ayuda de manera decisiva a prevenir algunas circunstancias que resultan extremadamente problemáticas, como el fracaso escolar, la delincuencia, el consumo de drogas, o los embarazos adolescentes.
Y esas políticas, que han de ser transversales y aplicadas desde distintas instancias, tienen que regular aspectos como las ayudas económicas a las familias, en función de las rentas (España es uno de los países de la Unión Europea en los que estas ayudas son más escasas), una política de vivienda que facilite el acceso a la misma, en compra o en alquiler, especialmente para los más jóvenes, medidas efectivas que hagan posible la conciliación de la vida laboral y la vida familiar (flexibilidad horaria, contratos a tiempo parcial, excedencias remuneradas, equiparación hombre-mujer en el trabajo doméstico y en el disfrute de los permisos parentales, etc…).
Todos los Gobiernos, sean del color político que sean, han de tener clara su responsabilidad a la hora de hacer frente a lo que nuestra Constitución determina: «Los poderes públicos aseguran la protección social, jurídica y económica de la familia». Porque la familia es un bien común y su cuidado corresponde a todos y precisa del consenso máximo en la toma de decisiones. Desde la perspectiva de que los valores básicos de la solidaridad, la convivencia, la tolerancia, la igualdad…, en definitiva, los valores que hacen avanzar a las sociedades, tan olvidados en la actualidad, se aprenden principalmente en el seno de la familia y que ésta hace una buena parte del «trabajo» de construcción social, los poderes públicos deben desarrollar, junto a las debidas políticas asistenciales o educadoras, medidas globales de apoyo decidido a la misma, desde la seguridad de que se está potenciando la piedra base sobre la que se sustentará la estabilidad social. Ello no quita, por supuesto, que nos olvidemos de nuestras propias responsabilidades, las que cada miembro de la familia debe asumir, de manera individual, en favor de la convivencia interna, con el objetivo siempre de propiciar el desarrollo armónico de nuestros menores. El autor aboga por un mayor apoyo a la familia, que en Europa está más protegida que en España
