Que la familia lleva años olvidada en España es evidente. Que el ninguneo al que el gobierno actual le sometía era abrumador, también. Ahora, en las dos últimas semanas, surgen sendas leyes que ahondan aún más el rechazo ideológico del ejecutivo hacia esta institución.
Primero, el Ingreso Mínimo Vital. Una medida ambigua, que puede hacer tanto bien a quienes realmente la necesitan, como mal a las cuentas públicas, alentar el fraude y el pesebrismo y que, pese a las promesas y brindis gubernamentales, ya ha dejado a las primeras personas atrás: Las familias numerosas y a los pensionistas mayores de 65 con pensiones no contributivas.
Si el objetivo es «justicia«, «libertad -porque nadie es libre si no puede llenar la nevera, dicen sus eslóganes»-, y «acabar con la pobreza, especialmente la infantil», han errado de pleno. Y lo hacen porque excluyen a las familias numerosas a partir del cuarto hijo y a los pensionistas más pobres y desvalidos. ¿Por qué? Lamentablemente, sólo por ideología. Ni siquiera la catástrofe de los ancianos en las residencias de ancianos durante la pandemia les lleva a abrir la mano, como tampoco los niños a los que privan de ayuda por su odio y prejuicios hacia las familias numerosas.
Pero, además, han presentado una Ley de Protección a la Infancia que presenta a la familia, en especial a los padres, como potenciales maltratadores y un peligro para los menores, además de alentar las denuncias anónimas incluso de sucesos que no sean constitutivos de delito, y poner en cuestión la presunción de inocencia. El resultado será un clima de sospecha y tensión, de terror. El mismo vicepresidente publicitó la medida en las redes sociales con el corte de una película en la que un padre maltrata brutalmente a su hijo. No es la realidad, ni es casual. Sigue la línea de destrucción de la familia y la usurpación de sus funciones por parte del Estado.
También se aprovecha esta norma para intervenir en la Educación, imponiendo un coordinador o responsable de bienestar del que todavía no se sabe nada y los centros sospechan que será un comisario político. Un paso más en los ataques a la libertad de educación, a asaltar el control absoluto, por encima de los derechos de alumnos, docentes y padres.
No está todo dicho, pero las familias tenemos mucho que decir. Y vamos a decirlo.
