Proponer medidas políticas de fuerte calado ideológico por parte de los partidos tiene consecuencias. Algunas positivas, como diferenciarse más claramente del resto de partidos o atraer el voto de quienes son afines a la ideología en concreto. Pero también acarrea consecuencias negativas para los intereses de toda la sociedad, porque si esos partidos quieren cumplir sus promesas una vez estén en el gobierno, tendrán que legislar en la línea de esas propuestas que marcan la campaña electoral, olvidando a todos aquellos ciudadanos que no comparten esos aspectos, tanto si les han votado como si no lo han hecho.
Lo vemos estos días claramente con el tema de la eutanasia (puede consultar aquí las conclusiones de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica sobre la Eutanasia). Una vez más, asistimos a la utilización por parte de los políticos de un caso particular, dramático y excepcional para meterlo a presión en la opinión pública e intentar sacar rédito partidista mediante su generalización.
Desde una óptica más de forma que de fondo, conviene recordar que las leyes se deben hacer para la mayoría, y que siempre habrá casos excepcionales. Un ordenamiento jurídico basado en casos particulares resultará tremendamente injusto para con la mayoría de los ciudadanos.
Entrando ya al fondo de la propuesta en concreto -da igual si bajo la forma lingüística de “muerte digna”, “eutanasia altruista”, o “derecho a morir”, entre otras-, nos encontramos con un nítido ejemplo de esas consecuencias negativas a las que hacíamos referencia más arriba.
Ya en 1990, un Comité de Expertos de la OMS estableció que “los gobiernos deben asegurar que han dedicado especial atención a las necesidades de sus ciudadanos en el alivio del dolor y los cuidados paliativos antes de legislar sobre la eutanasia”. Hay países donde sí se ha seguido esta recomendación, como es el caso de Italia (Ley 15 de marzo 2010 n. 38), donde el buen funcionamiento de un sistema unitario de cuidados paliativos de calidad ha dejado sin razón de ser al trágico debate de la eutanasia.
En España aún no se ha abordado esta vía, que sin duda es respetuosa con el valor absoluto e incondicional de la vida y la dignidad humanas. Falta camino por andar en lo relativo a una legislación que garantice, de forma homogénea en todo el territorio nacional, un sistema de cuidados paliativos de calidad. Los profesionales sanitarios lo reclaman y la sociedad en su conjunto también. Porque una cosa es eliminar el sufrimiento (innecesario y evitable) de las personas, y otra cosa distinta es eliminar a las personas que sufren.
Esta medida encontraría consenso por parte de todos los partidos, y tal vez porque no genera un debate ideológico que polarice la opinión pública en una campaña electoral marcada por el enfrentamiento constante, no interesa proponerla tanto como la eutanasia.
La vida (y la muerte) de los seres humanos se merece mucho más que una aproximación política ideológica y cortoplacista. Se merece la posibilidad de agotar todas las soluciones éticas al alcance de los gobiernos antes siquiera de plantear medidas drásticas para casos singulares que serían, en todo caso, la excepción a una norma que aún no existe.
