Finalmente habrá adelanto electoral. El 28 de abril serán las urnas y los votos de los ciudadanos quienes decidirán quién ocupa el palacio de la Moncloa. Se abre un escenario con nuevos actores en el tablero y mucha incertidumbre, pero cargado de oportunidades para hacer bien las cosas.
El anuncio de Pedro Sánchez parece indicar que la legislatura ha terminado. Que sus leyes ideológicas no verán la luz. Ni la Ley LGTBI de Podemos, ni la de Eutanasia, ni, por descontado, la reforma educativa que Celaá pretendía imponer pesara a quien pesara. Leyes coincidentes todas ellas en algo: bajo premisas buenistas recortaban derechos y libertades fundamentales, también de sus correligionarios, no sólo de sus disidentes, a quienes añadía mordazas en forma de sanciones desproporcionadas y deberes hacia terceros.
Afrontamos un horizonte electoral en el que varios partidos pelearán por ser los más amigos de las familias y nos recordarán lo importante que somos para ellos desde siempre y tal y cual. Incluso, muy probablemente el resto más escorado a la izquierda perderá temporalmente la alergia a esta palabra y hablará de familia, prometerá todo e incluso buscará foto con las asociaciones que las representamos. Por supuesto, les escucharemos, y trabajaremos por conseguir que las promesas de bienestar familiar no se queden en eso y se cumplan.
La convocatoria de elecciones no es, sin embargo, la panacea. La ideología de género se ha colado en todos los partidos. La irrupción de Vox, señalándola con fuerza ha movido al resto de partidos a abrazarla con más fuerza para distanciarse de Abascal y los suyos. No queda mucho tiempo, pero ya estamos viendo movimientos de lobbies y colectivos presionar a los parlamentos para que aceleren «lo suyo«. Es difícil por el escaso tiempo que resta, pero ¿no era imposible llegar al poder con 84 diputados?
Es momento de que los políticos sean responsables, de que vigilemos los BOE y movimientos de un gobierno cuyos últimos coletazos pueden abrir heridas muy profundas en la sociedad española.
