El director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, criticó «la concepción estatalista e intervencionista» de la Educación que se desprende de las declaraciones de la ministra Isabel Celaá, durante los desayunos de Europa Press.
«Las palabras de la ministra ponen de manifiesto una concepción errónea del papel de los poderes públicos en el ámbito de la enseñanza«, analiza Rodríguez. Según la ministra «quienes tienen la obligación de servir la educación son los poderes públicos«. Para el director del Foro, «esto evidencia la intención de sustituir en su papel a los verdaderos garantes del derecho a la educación, es decir, los padres, las familias, algo que atenta contra la Constitución y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y que abunda en el problema de la Educación en nuestro país: su politización y el uso interesado y sesgado que se hace desde los partidos políticos cuando llegan al poder. Con estas ideas jamás conseguiremos la estabilidad y las líneas firmes sobre las que asentar la enseñanza de las nuevas generaciones».
Rodríguez recordó que la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la educación, en materia de enseñanza, «es la de asegurar que todos los menores en edad escolar tengan la posibilidad de acceso y los medios reales para escolarizarse, así como la de elaborar la planificación de conocimientos técnicos mínimos con los de han contar los menores tras el período de escolarización obligatoria. Esto, unido al principio de subsidiariedad del Estado, debería obligar a la administración a respetar los derechos fundamentales de padres y de centros de enseñanza, derechos que conllevan necesariamente la libertad para escoger centro, para educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, para crear y dirigir centros docentes y para dotar a éstos de un ideario y carácter pedagógico propio«.
«Nos parece muy triste que se confunda el artículo 27.5 de la carta magna para justificar la injerencia del Estado en las conciencias de los niños y en la libertad de las familias«, indicó Rodríguez.»Allá donde no se llegue en libertad a la hora de ofrecer plazas escolares (sean públicas o privadas), los poderes públicos deberán actuar para garantizar el derecho de los menores. Es preocupante que desde el Ministerio de Educación tengan dudas al respecto. El Estado no ha de ser educador, sino garantizar que a todos los menores se les eduque por parte de quienes tienen el derecho a hacerlo, y no porque sea su derecho, sino su responsabilidad».
«Desde el Foro de la Familia, hacemos un llamamiento a la ministra para que aproveche la oportunidad histórica que se le brinda al frente de su cartera: la de despolitizar la enseñanza y devolver el derecho a la educación a quienes verdaderamente les corresponde: los menores, sus padres, las familias. Del mismo modo, animamos a las familias para que reclamen sus derechos y se impliquen más activamente tanto en la defensa de sus intereses legítimos como en el cumplimiento de su deber primordial, el de criar y educar a sus hijos».
