Frente a este intento de imposición totalitaria de un relativismo absoluto en materia de sexualidad conviene reivindicar, en nombre de la libertad, el derecho de cualquier persona o institución a sostener y defender opiniones que impliquen juicios morales sobre las formas de ejercicio de la sexualidad. El que toda persona esté dotada de una radical dignidad no implica que todo lo que cada persona pueda pensar o hacer sea igual de valioso.
Quienes defendemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, quienes pensamos que los niños tienen derecho a ser adoptados por un padre y una madre, quienes pensamos que en la relación estable y comprometida entre un hombre y una mujer tiene mucho más valor social y eficacia pública que otras combinaciones afectivo sexuales, quienes defendemos que en materia de sexualidad hay opciones más humanas y responsables que otras, tenemos todo el derecho del mundo a pensar así y a intentar convencer a la mayoría de nuestros conciudadanos de que es muy razonable que esta forma de ver las cosas inspire la legislación y las políticas públicas.
Quienes pensamos así, no atentamos contra la libertad de nadie y no discriminamos a nadie ni imponemos a nadie cómo debe vivir, sino que proponemos lo que nos parece mejor para construir una sociedad justa y solidaria.
Defender la libertad de todos implica, entre otras cosas, no abdicar de las propias convicciones y proponer públicamente lo que estamos convencidos es mejor para todos.
