Van así extendiéndose por toda España leyes que dan pie a la imposición por las administraciones públicas de una ideología muy concreta sobre la sexualidad y que van a suponer en el inmediato futuro graves atentados contra la libertad de pensamiento e incluso de religión en todos los ámbitos de la vida social y de forma especial en la escuela.
Es llamativo como una sociedad que se moviliza defendiendo la libertad de expresión, incluso un inexistente derecho a blasfemia, se rinde acríticamente contra la imposición por Ley de una ideología muy particular en materia de hondo calado moral. En este boletín se pueden leer dos comentarios detallados a las ya vigentes leyes gallega y catalana en la materia. Conviene conocer y denunciar este nuevo ataque a las libertades públicas que se va extendiendo como una mancha de aceite por todo nuestro territorio Comunidad a Comunidad.
Para entender la gravedad de estas leyes hay que recordar que en materia de sexualidad existen opiniones variadas en la sociedad española y que la ley y las administraciones públicas no tienen derecho a imponer a todo el mundo bajo amenaza de graves sanciones una particular visión de la sexualidad, en este caso la de la ideología de género.
Reivindicamos el derecho a opinar libremente sobre las conductas sexuales y no podemos admitir que ningún poder público nos obligue a educar a nuestros hijos en la visión de la sexualidad que defienden los colectivos autodenominados LGTBI, porque tenemos todo el derecho del mundo a discrepar de esa visión de la sexualidad.
Las Comunidades Autónomas de Galicia, de Cataluña y ahora de Extremadura están restringiendo de forma absolutamente ilegítima la libertad de pensamiento de todos y la de educación de las familias en particular. Y esto debe ser denunciado.
