Benigno Blanco aseguró que la actitud del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es comparable a proteger a «un presunto defraudador que se quejara de la inspección a la que le somete Hacienda», y afirmó que «es evidente que el contexto de este anuncio del Gobierno es la reunión de los ministros con los responsables de las clínicas de abortos, que se quejaron de que les están investigando».
«Cuando se denuncian prácticas delictivas con indicios apreciados por los jueces, el Gobierno defiende a los presuntos delincuentes», afirmó, y señaló que esa actitud «no tiene precedentes en un Estado de Derecho». Además, «dar por hecho» que los jueces «pueden estar violando los derechos de las mujeres con sus investigaciones es una intromisión inamisible en el poder judicial» por parte del Gobierno, aseguró.
«Cuando se denuncian prácticas delictivas con indicios apreciados por los jueces, el Gobierno defiende a los presuntos delincuentes», afirmó, y señaló que esa actitud «no tiene precedentes en un Estado de Derecho». Además, «dar por hecho» que los jueces «pueden estar violando los derechos de las mujeres con sus investigaciones es una intromisión inamisible en el poder judicial» por parte del Gobierno, aseguró.
Blanco afirmó que «carece de soporte legal» anunciar que «se va a limitar la capacidad de inspección sobre las clínicas privadas», ya que «cualquier ciudadano o entidad está sometido a la ley, y en este caso a las competencias de inspección de las comunidades autónomas».
El Gobierno tiene la obligación de «asegurar que se cumpla la ley», además de «proteger la vida del no nacido, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional», además de «no dejar sola a la mujer embarazada», ya que «el aborto es la forma más generalizada de violencia contra la mujer que existe en nuestra sociedad».
