Ya evidenciábamos desde hace años la necesidad de reformar profundamente el sistema de enseñanza en España, para despolitizarlo de una vez por todas y garantizar, por fin, la libertad de educación y de enseñanza.
Una reforma que respetase los derechos fundamentales de alumnos, de padres y de centros educativos. Que blindase a los menores frente a los intentos de imposición ideológica, si es que los gobiernos seguían quebrantando el principio de neutralidad que obliga a la Administración.
Evidenciábamos esta necesidad de reforma porque los menores, sus padres y la sociedad en general se merecen un sistema de enseñanza libre, competitivo, de calidad, plural y diverso.
Para lograr este objetivo, qué mejor que un sistema donde se garantice el contenido del derecho a la educación en libertad, tal y como desarrolla la jurisprudencia del TC. Por ejemplo, en cuanto a la autonomía de los centros, incluidos los públicos, con derecho a tener un carácter pedagógico propio, una especialización curricular propia. Y sí, que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, así como el derecho a elegir tipo de enseñanza y centro docente, pasa por tener una oferta donde elegir. Y a mayor autonomía de los centros, mayor diversidad, mayor pluralidad, mayor oferta y mayor garantía de protección del derecho a la educación.
Evidenciábamos la necesidad de una reforma que por fin no dejara dudas en cuanto al papel de los poderes públicos en materia de enseñanza, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y de neutralidad ideológica. Un papel consistente en garantizar que todos los menores en edad escolar tengan posibilidad de acceso y medios reales para ir al colegio (sea público o privado) respetando los derechos y libertades de menores, padres y centros educativos. Y sí, también el de establecer los contenidos mínimos con los que hay que finalizar cada etapa para poder pasar de nivel. Y dejar hacer.
Reforma radicalmente opuesta a lo que propone Celaá
En resumen, evidenciábamos la necesidad de una reforma en sentido radicalmente contrario a la que plantea ahora el Gobierno. Proponíamos una reforma hacia la libertad y la calidad, y nos imponen (sin llamar para escuchar ni siquiera) otra hacia la homogeneización y control político de la educación de nuestros hijos. Se confirma: podía ser peor.
La reforma de la LOE que plantea el Gobierno restringe todavía más la libertad de educación y la libertad de enseñanza, politiza aún más el sector de la Enseñanza, busca una homogeneización de lo que se les enseña a nuestros hijos a persiguiendo un modelo único y excluyente controlado por el Gobierno, ahonda más aún en el abandono de la neutralidad ideológica de la Administración (vuelven a imponer una asignatura de “Ética estatal”), etc.
Si me lo permiten, iré desgranando y motivando todas estas conclusiones en sucesivos escritos, porque conviene, y mucho, que tanto padres como centros educativos tengamos las cosas claras y así podamos ir juntos a decirle al Gobierno y a toda España que nos devuelva lo que nos quiere arrancar.
