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residente del Foro de la Familia de la Región de Murcia, Alfonso Galdón, el Presidente de la Asociación Libertas Francisco Martínez y la presidenta de Cultura y Mujer, Eva Fernández han registrado una moción en la Asamblea Regional de Murcia para que sea tenida en cuenta por los cuatro partidos del arco parlamentario y pueda presentarse a la mayor brevedad posible.
En esta moción, las asociaciones reclaman que la Asamblea Regional solicite a los Servicios Jurídicos de las cortes y a los de la Comunidad Autónoma sendos informes sobre la presunta vulneración de derechos y libertades fundamentales del título I de la Constitución Española que la aplicación de la ley 8/2016 está produciendo. También se solicita que se eleve al Constitucional esta Ley, dejando en suspenso la aplicación de los artículos que están suscitando controversia en la sociedad murciana.
«La Ley 8/2016 fue aprobada en la Asamblea sin pasar los preceptivos informes jurídicos que avalaran que su contenido cumplía con la Constitución. Tras el informe de los letrados del Congreso de los diputados y varias sentencias nacionales, que acreditan que varios de los artículos vulneran derechos y libertades fundamentales, es imprescindible aclararlo para garantizar la igualdad de todos los murcianos”, señala Alfonso Galdón, presidente del Foro de la Familia de la Región de Murcia.
«Instamos a los políticos a rectificar. Entendemos que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y no a la inversa. Esta ley, aprobada sin contar con todas las garantías, es un asalto a la libertad en toda regla y del todo ilegítima», reclama Francisco Martínez, presidente de la Asociación Libertas en Murcia.
“La igualdad sólo es real si tiene en cuenta y respeta a todos. Imponer una idea de igualdad sin garantías no es igualdad”, analiza Eva Fernández, presidenta de la Asociación Cultura y Mujer.
“El objetivo declarado de la Ley 8/2016 puede ser loable, somos los primeros en defender la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, pero las consecuencias negativas son numerosas y de gran calado, a tal punto que esta legislación pretende solucionar una injusticia con otra injusticia de signo contrario. Es una Ley de privilegios”, afirmaron a la salida de la Asamblea Regional los miembros de la Plataforma por la Familia y la Educación en Libertad.
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