Todos los padres tienen derecho a elegir la educación de los hijos. Es un derecho obvio reconocido en el artículo 27 de la Constitución; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), art. 26, que señala el derecho preferente de los padres; y en la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 14, que garantiza el derecho de los padres a “la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
Ante una posible nueva Ley de Educación como resultado de un pacto educativo, las familias alzamos la voz en defensa de nuestros derechos.
De manera general se tiende a interpretar que la defensa de la libertad de enseñanza se refiere a salvaguardar el derecho de los titulares a constituir centros educativos, a dirigirlos y a establecer un ideario aceptado por la Comunidad Educativa como garantía de coherencia con el proyecto educativo del centro.
A menudo se entiende que quienes deben representar la defensa de la libertad son los representantes de los titulares y las patronales, olvidando que los verdaderos protagonistas de la educación son los padres, los usuarios del sistema, que además son quienes sufragan la mayor parte del coste del sistema educativo a través de los impuestos.
Querer elegir el modelo educativo de los hijos no es un lujo, es un deber que responde a la naturaleza de las cosas. La educación es un servicio de interés general que las autoridades públicas deben garantizar sin excepción; el Estado debe asegurar a todos el acceso a la educación que desean y, en particular, ha de suplir a la iniciativa de la sociedad civil allí donde no llegue. Pero son los padres los titulares del derecho a la educación de sus hijos; son los padres los que tienen derecho a que esa educación se realice de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas.
Son muchos los países de nuestro entorno que, habiendo apostado verdaderamente por la variedad de modelos educativos, han conseguido que exista una verdadera calidad educativa en la escuela pública. Para ello, el sistema educativo ha tenido muy en cuenta el papel de los padres y su papel como primero agentes educadores en la sociedad. Esto ha permitido crear escuelas de alta calidad educativa lo que ha generado una mayor demanda, tanto en la escuela pública como en la privada, al permitir una verdadera libertad de elección en la educación.
Cuando no se aprovecha la energía de la sociedad para resolver los problemas sociales, todo resulta complicado y caro. Cuando se cuenta con la sociedad, los poderes públicos pueden asegurar mejor la igualdad de oportunidades. Los padres tienen de su parte la Constitución y las leyes internacionales; el sentido común del legislador ha de tener en cuenta el marco de libertad establecido en esas Normas.
Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia.
