El jueves 15 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Después de estudiar detenidamente el Proyecto de Ley, son muchos los puntos que llaman la atención, si bien es cierto que muchas de las medidas recogidas en el articulado parecen a priori positivas.
Por empezar resaltando algunos de dichos aspectos positivos, el Proyecto recoge la ampliación del plazo de prescripción de delitos graves sufridos por menores, la promoción de la atención a madres embarazadas -el texto no usa esta expresión-, el buen trato prenatal, apoyo a familias con hijos con discapacidad, impulso de medidas de política familiar para prevenir pobreza y aumentar conciliación, etc.
Todo lo anterior parece, de forma aislada, razonablemente positivo. El problema está, como no podía ser de otra manera, en que el Proyecto de Ley es un conjunto y, junto a esas medidas razonablemente positivas, nos encontramos también con otras que introducen la imposición de la ideología de género mediante Ley Orgánica (como por ejemplo en los arts. 9.3, 23, 26.2, 28, 32, etc.), la invasión injustificada de la Administración en esferas reservadas a la intimidad familiar (art. 25.1.) y, sobre todo, el espíritu general de la norma, que presenta a nuestros hijos como víctimas en potencia, a nosotros -los padres- como agresores en potencia y al Estado como salvador.
Es muy significativo el hecho de que en toda la norma aparezca el término “padres” tan sólo dos veces, en contraposición con las 26 repeticiones de “progenitores”. Tan significativo como paradójico es que los que más aplaudan la aprobación del Proyecto de Ley sean partidos políticos y organizaciones que promueven el aborto (recordemos que la Ley es de Protección de la Infancia).
Además, es legítimo dudar de la aplicación de medidas como el apoyo a embarazadas cuando ni tan siquiera hay una sola institución pública dedicada a tal fin -todas privadas-. Igual de legítimo que dudar de la aplicación del apoyo a familias con hijos con discapacidad, siendo el mismo gobierno el que atenta contra ellas a través de la “Ley Celaá” -excluyendo a la educación especial- o la Ley de Eutanasia. O que dudar de las medidas de política familiar para prevenir la pobreza, si éstas vienen de la misma fuente que niega que la pobreza infantil es en realidad pobreza familiar, ya que el sustento de los hijos pequeños depende de los recursos de sus padres -los mismos padres a quienes este gobierno quita ayudas por hijo y aumenta impuestos-.
Mención aparte merece el asunto de la imposición de protocolos específicos en centros educativos (art. 32), recogiendo expresamente términos ideológicos de género, que nos hace sospechar que, en lugar de solucionar los graves errores de protocolos autonómicos similares, se ahondará en ellos (recuerden el caso de Castillo & León: https://www.forofamilia.org/noticias/informe-juridico-sobre-el-protocolo-de-cyl-sobre-alumnado-en-situacion-de-transexualidad/.
Estaremos, sin duda, al lado de todo el que luche por erradicar la violencia y el acoso a los menores, fin para el que rechazamos rotundamente la imposición ideológica y el ataque sistemático e injustificado a la Familia.
