Con motivo de la reciente polémica sobre la objeción de conciencia y la garantía de acceder al aborto en Madrid, un médico me explicó que, para él, el debate sobre el aborto no es jurídico, ni político, ni -menos aún- religioso. Él, como médico ginecólogo, me explicaba que todo se resume en la biología: ¿es ese feto un cuerpo distinto del de la madre? ¿posee un ADN humano diferente de su progenitora? ¿ese ADN es de un ser vivo humano? Si las respuestas a estas cuestiones son afirmativas, entonces no debe haber confusión posible. Incluso -continuaba- aunque hubiera dudas, la mera posibilidad de acabar con una vida humana debería ser suficiente para, como mínimo, permitir al médico que no actúe contra su conciencia.
En el hospital San Carlos de Madrid todos sus ginecólogos se han acogido al derecho humano a la objeción de conciencia para no practicar abortos por ir en contra de su vocación profesional, su código deontológico y su conciencia. En seguida, desde los medios de comunicación se ha puesto el grito en el cielo porque “en-Madrid-no-se-garantiza-el-derecho-al-aborto” y critican que la libertad de Ayuso no incluye el “derecho-humano-a-la-interrupción-voluntaria-del-embarazo”. Esta polémica ha dado lugar a que la ministra de Igualdad haya afirmado que “es urgente regular la objeción de conciencia” en el aborto y que la nueva ley de aborto que prepara su ministerio lo hará.
Pero, en palabras de esa misma ministra, “que los árboles no nos impidan ver el bosque”: ¿No está garantizado el acceso al aborto?
Para quien desconozca Madrid, tal vez la noticia impresione y, efectivamente, le haga sospechar que en Madrid hay algún tipo de impedimento para acceder al aborto. Pero los madrileños sabemos que no hay polémica real alguna, sino un efecto de artificio.
En primer lugar, porque los madrileños tenemos libertad para acudir a cualquier centro sanitario de la Comunidad, sin necesidad de que sea el que tenemos asignado a nuestro domicilio. Por tanto, un vecino que viva cerca del Gregorio Marañón, puede acudir si lo desea a La Paz.
Además, cualquiera que conozca un mínimo el mundo de la sanidad, sabe perfectamente que no en todos los hospitales se prestan todos los servicios que se incluyen en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Es frecuente que un hospital, a pesar de contar con departamento de oncología, no cuente con un especialista en cáncer de huesos. Lo que no se da en Madrid es que si tienes un cáncer de huesos no te atienda ningún oncólogo óseo en ningún hospital. Puede que otras comunidades pase, pero en Madrid desde luego no. Y tiene su lógica: si en todos los hospitales te pudieran atender absolutamente en todo, el espacio físico de los hospitales tendría que ser tres o cuatro veces el que tienen.
Lo que se quiere decir con esto es que no se entiende que lo que puede pasar en cualquier especialidad médica no se tolere y se cree una polémica artificial con respecto a los ginecólogos que practican abortos. La ley, como no puede ser de otra manera, garantiza el acceso a la prestación, no el acceso a todas las prestaciones en todos los hospitales públicos.
Podría haber cierto espacio a la polémica si resulta que una vecina de San Lorenzo de El Escorial acude a su hospital más cercano y ahí no pudieran acceder a su solicitud de aborto y se tuviera que desplazar varios kilómetros para que le practiquen el aborto (aunque sin justificación real, pues, como hemos dicho, la ley no garantiza ni debe garantizar que el hospital más cercano deba garantizar su acceso). Aceptemos como animal de compañía. Lo que no tiene un pase es que se cree esta polémica utilizando al Clínico San Carlos cuando a menos de 100 metros de distancia se encuentra otro hospital público: el Jimenez Diaz. Vamos, que la polémica se limita a que una ambulancia tenía que recorrer cien metros para que le practiquen el aborto a una mujer. No quiero parecer insensible con el terrible drama del aborto, pero tampoco podemos ser ingenuos: conducir unos pocos metros para que te practiquen un aborto no puede nunca significar que hay dificultades para que se realicen. La próxima vez, recomiendo a los ideólogos del aborto que utilicen otro hospital para sus campañas. Y no uno que Google maps te pueda desmontar.
Pero es que, además, Madrid en concreto tiene 35 hospitales públicos. 35. Hasta los más recalcitrantes tienen que reconocer que no es creíble que en ninguno de ellos se tenga acceso al aborto. También yerra quien haya creado esta polémica en elegir Madrid como centro de sus críticas.
Desconozco si otras Comunidades Autónomas tienen problemas en los centros públicos para encontrar médicos dispuestos a abortar pero, si así fuera, la ley garantiza que se pueda prestar sin gasto para la mujer, con lo que, en el hipotético caso de que tuviera que practicarse en una de las múltiples clínicas privadas de toda España, sería la Administración pública quien pagaría los costes. Así lo prueba el hecho de que la mujer del polémico caso abortó en un centro privado sin coste para ella.
En cualquier caso, de la excepción nunca se puede hacer norma: la mujer que acudió al hospital no tenía intención de abortar, sino que acudió al hospital porque se le rompió la bolsa. Después sufrió las complicaciones y decidió abortar, pero le informaron de que todos los médicos eran objetores. Se dieron dos casualidades: complicaciones ya en el hospital y todos los ginecólogos objetores. Para evitar que se den estos casos, la ministra propone un registro de objetores. Pero ¿no sería más práctico tener un registro de ginecólogos dispuestos a practicar abortos?
Por último, me gustaría lanzar una cuestión para un debate serio y sosegado: si la cantidad de médicos objetores pone en peligro el acceso a la práctica del aborto en la sanidad pública, ¿por qué nadie se plantea los porqués? ¿Es posible que los ginecólogos objeten en masa porque son expertos en lo que ocurre dentro del vientre de la mujer y saben que el embrión merece protección?
