El Gobierno de España ha reconocido que está dando palos de ciego en la gestión de la desescalada del Covid 19. Que dará pasos hacia delante pero que tendrá que volver atrás en ocasiones. Pero lo que sí tiene claro es que no va a cejar en su particular cruzada antifamilia.
Cada semana, los anuncios del portavoz del Gobierno de turno inciden en medidas que discriminan a las familias. Confinamiento durante 50 días con niños sin poder salir, prohibir poder pasear juntos como matrimonio con hijos cuando se alivia el encierro, separación en grupos de tres hijos y un adulto, horarios de paseo que hacen imposible el teletrabajo e incluso la asistencia a las clases virtuales de muchos colegios… Y ahora que se acerca el calor, las horas de mayor canícula son las que los más pequeños de la casa estarán en la calle. Justo lo contrario de las recomendaciones de los expertos cada verano.
No es casual. Como tampoco lo es que se sigan tramitando a toda velocidad normas como la Ley Celaá que ataca frontalmente a la escuela concertada, a la escuela especial y, por supuesto, a las familias, con imposición de contenidos y de una ética estatal, o que se propusiera acelerar los trámites para sacar adelante la Ley de Eutanasia.
El Gobierno confunde la obediencia de la población ante una emergencia nacional con sumisión. Cuando esto acabe -o si pretende mantenerlo más de la cuenta-, se encontrará de frente con su error. Pero mientras tanto, de manera responsable y pacífica, sigamos defendiendo a la familia y hablando claro.