El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, exigió a la Junta de Castilla y León la retirada inmediata y la revisión de los contenidos del Protocolo de acompañamiento al menor transexual y de la presentación que desde la Consejería de Educación se está enviando a los colegios de la región, obligando a impartir como verdad absoluta la ideología de género a los menores.
«El documento que la Consejería de Educación de la Junta está haciendo llegar a los directores de colegio de la región obvia el derecho constitucional de los padres a educar en libertad a sus hijos, atenta contra las libertades de pensamiento, ideológica, de expresión, religiosa y científica y supone una intromisión absoluta e inaceptable en la vida privada de las familias, amenazando a los que ‘no colaboren’ con los Servicios Sociales», denuncia el presidente.
Desde la organización destacan que «además de plantear como unívocos los paradigmas de una ideología concreta, vulnerando la obligada neutralidad ideológica de los centros públicos, el documento señala como transfobia y motivo de discriminación los pensamientos, las opiniones contrarias a los postulados de género e incluso el no participar activamente en su divulgación, subordinando cualquier tipo de libertad individual y de conciencia a su adecuación a lo indicado por la comunidad LGTBI». «Se pone en cuestión, asimismo, la libertad de Cátedra, puesto que los profesores deberán plegarse a los postulados ideológicos que se les impone, aceptados como una verdad irrefutable cuando no es más que una visión particular de la sexualidad fundada en ideologías y no en evidencias científicas«.
«Los procedimientos que establece la Junta subordinan a las familias frente a la comunidad educativa, cuando el derecho y deber de la Educación recae en los padres, no en los centros escolares ni en el Estado. Los padres delegamos para que nos ayuden en la formación intelectual de nuestros hijos, pero nunca en contra de nuestros valores o creencias, como recoge el artículo 27.3 de la Constitución».
«Es intolerable que desde una directriz administrativa, como este protocolo, se limite la patria potestad, amenazando a los padres ‘que no colaboren’ con la retirada de sus hijos por desprotección. No podemos aceptar este totalitarismo que pretende reducir a súbditos a los ciudadanos y eliminar cualquier tipo de discrepancia».
García-Juliá expresó además su sorpresa «por las formas de imposición de esta realidad. Sin pasar por ningún filtro, y en contra de numerosos ciudadanos e incluso con la oposición de miembros del Partido Popular que han mostrado su preocupación y desconcierto por esta medida, que pagarán en las urnas por traicionar a su electorado«.
