Es bastante problemática la relación con la verdad del Presidente Pedro Sánchez y de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y en general de los gobiernos en los que ambos han participado conjuntamente. En cambio, su relación con las mentiras, falsedades y ocultaciones es fluida y estable.
Esto les acerca a las concepciones de personajes de triste memoria para la humanidad, como Lenin, que decía que la mentira es un arma revolucionaria, o Goebbels, que profesaba que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad.
El ejemplo más reciente, pero seguro que no el último, de esta relación son las declaraciones de Sánchez y Celaá, vía tuit y con vídeo incluido -que demuestra las pocas dotes interpretativas de la ministra- sobre la decisión del Gobierno de la Región de Murcia en relación con el denominado ‘pin parental’. Es difícil decir más falsedades en los 85 segundos que dura el vídeo, teniendo en cuenta, además, que se reservan los últimos segundos para “amenazar” con los tribunales; no deja de ser paradójico en un gobierno que pretende “desjudicializar” todo. Todo lo que le interese o beneficie, obviamente.
La petición de información de los padres sobre las actividades extracurriculares de sus hijos, que en algunos lugares se vehicula a través del citado ‘pin’, algo que algunas organizaciones de padres de alumnos y otras entidades llevamos tiempo reclamando por otros medios y con otras fórmulas (consentimiento expreso).
La mentira como arma revolucionaria
Las peticiones de los padres no afectan a decisiones curriculares regladas, sino a actividades extracurriculares propuestas para ser realizadas obligatoriamente, a diferencia de la asignatura de Religión, en horario lectivo y generalmente por agentes externos al centro que en muchas ocasiones exigen que no haya personal del mismo durante su desarrollo. ¡Y la ministra Celaá y el presidente Sánchez se escandalizan -«pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada o autoricen a sus hijos…»- porque los padres quieran saber qué se va a hacer con sus hijos y qué se les va a transmitir! Ellos que aceptan con naturalidad cualquier barbaridad en otros ámbitos.
La ministra llega a decir que las instrucciones dictadas en Murcia vulneran las competencias que tienen atribuidas los centros para tomar las decisiones «curriculares», pero ya hemos visto que los padres no pretenden modificar los currículos reglamentariamente aprobados, sino tener información completa, anticipada y veraz sobre determinadas actividades. Nada más. Y nada menos, en virtud de los derechos que les asisten, nos asisten, como responsables de la educación de nuestros hijos (arts. 4 de la LODE y 1 de la LOE).
La CE y los Tratados internacionales amparan a los padres
El momento cumbre del video es cuando la ministra, sin rubor, dice que «el pin parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados», añadiendo que «vulnera también otros tratados europeos firmados por España, tales como la Convención de los Derechos del Niño, la DUDH, y algunos otros tratados».
Por supuesto, no es verdad. Los padres que decidan pedir información sobre determinadas actividades no vulneran ningún derecho de sus hijos como torticeramente señala Celaá, faltaría más. Ejercen sus derechos, estos sí verdaderamente constitucionales y fundamentales, como responsables de la educación de sus hijos, para que estos reciban la formación filosófica, pedagógica, religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (arts. 27.3 de la Constitución, 26.3 de la DUDH, Principio VII de la Declaración de los Derechos del Niño, 2 del Protocolo Adicional I del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros acuerdos y pactos internacionales y sin entrar en los pronunciamientos de los tribunales).
No se habla en esta polémica, en contra de la manipulación interesada que hace la ministra y bendice Sánchez, de los currículos legalmente aprobados y de la función que ejercen correctamente la inmensa mayoría de los docentes en uso de su libertad de cátedra, sino del adoctrinamiento ideológico –de género, político o lingüístico- de algunos docentes o de terceros que accedan a las aulas, vulnerando el deber de neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito educativo, y «pretendiendo imponer puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas» (art. 18 LODE y Sentencias 5/1981 del Tribunal Constitucional y 340/2009, de 11 de febrero, del Supremo).
Vicente Morro
Ex presidente FCAPA
Delegado del Foro de la Familia en Valencia.
