“Son muchas las ocasiones en que la mujer ha de enfrentarse a un embarazo en circunstancias adversas para ella y su entorno más cercano, como la falta de una relación familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o carencia de recursos económicos y en las que la ausencia de información suficiente y del apoyo necesario conducen a que el aborto sea la única alternativa que la misma contempla para resolver su situación.”
Así comienza la Exposición de Motivos de la Ley 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red de apoyo a la mujer embarazada en Castilla y León. Y lo que era evidente el 18 de diciembre de 2008, sigue siéndolo el 18 de diciembre de 2018.
Ésta fue la primera Ley que se aprobaba en España por Iniciativa Legislativa Popular, después de que más de 2000 colaboradores voluntarios recogieran 40.623 firmas válidas (más de 46.000 en total, cuando lo necesario para poder presentar la ILP eran 25.000) entre los electores de las 9 provincias de Castilla y León en menos de seis meses. Porque en 2007, un grupo de voluntarios del Foro Español de la Familia, capitaneado por Alejandro González, decidió que ya era hora de hacer algo. Después de miles de conversaciones sobre qué opinábamos los ciudadanos de la situación de tantas mujeres ante un embarazo imprevisto, sobre cómo habían quedado aquellas que conocíamos tras un aborto provocado y, en definitiva, si nos parecía justo que, en un país desarrollado, en pleno Siglo XXI, la sociedad le diera la espalda a sus mujeres ante esta situación.
La respuesta de la sociedad castellano y leonesa fue abrumadora, y los políticos la recibieron así, de modo que ningún grupo parlamentario votó contra ella en su tramitación en Cortes, pero, por desgracia, no fueron capaces de llegar más lejos.
Esta Ley dice cosas tan revolucionarias como que: “Los centros sanitarios, sociales y educativos de la Junta de Castilla y León informarán a la mujer embarazada […] de la existencia de la red de apoyo […]”, para que puedan contar con lo que precisen. Que las mujeres tienen derecho, como mínimo, a información y asesoramiento personalizado sobre los recursos existentes, alojamiento temporal, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, ayudas por nacimiento e integración socio laboral. Prescribe, además, que la embarazada adolescente tiene derecho a una especial atención, así como aquellas otras embarazadas en situación de especial vulnerabilidad y que en la información que los centros sanitarios prestan a la embarazada sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los profesionales deben incluir la referente a la legislación vigente y los posibles efectos psíquicos y físicos. Además, según el Artículo 7, el sistema educativo facilitará la “adecuación a sus necesidades durante su embarazo y en los dos años siguientes al parto”.
Cerca del colapso demográfico pero sin desarrollar la ley
Diez años más cerca del colapso demográfico de la Región, ni se ha fomentado seriamente “la colaboración con las entidades privadas sin ánimo de lucro que contribuyan al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley” (Artículo 8), ni conocemos “un Plan Integral de Apoyo a la Mujer embarazada en el que se contendrán los objetivos fundamentales y actuaciones previstas en apoyo de la mujer embarazada, así como las medidas de difusión necesarias para dar a conocer la existencia de la red de apoyo”. El artículo 10 daba un plazo de un año de plazo…
Esta iniciativa social solidaria se convirtió en una Ley que reconoce derechos para las mujeres, y por tanto, obligaciones para las Administraciones Públicas de la Región, Junta, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, centros educativos, sanitarios y asistenciales… y para sus autoridades y funcionarios, que deben conocer y satisfacer. Aunque no la hayan cumplido satisfactoriamente durante 10 años, nada impide que empiecen a cumplirla a partir de hoy.
La sociedad civil sigue por delante de nuestros políticos, y se ha organizado durante estos años en torno a las Asociaciones RedMadre provinciales de la Región que integran la Federación RedMadre de Castilla y León, que sí ha recibido algunas subvenciones de la Junta de Castilla y León. Estas entidades, gracias al apoyo de miles de socios y voluntarios, sí dan cumplimiento a la Ley, y han facilitado a miles de madres culminar con éxito su embarazo durante estos años. A ellas, y a los voluntarios que consiguieron la primera Ley por Iniciativa Legislativa Popular, nuestro más agradecido aplauso y reconocimiento por hacer algo para que la nuestra sea una sociedad más justa, amable y sostenible para todos.
Fernando de Pablo
Delegado Foro de la Familia Castilla y León
