Una campanada para la política familiar de Rajoy

La carta la entregaba en representación del Grup d’Entitats Catalanes (GEC) de la Familia, Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), Acción Familiar, Instituto de Política Familiar, Metges Cristians de Catalunya, Fundació Pro-Vida y Associació CinemaNet. Me acompañaron otras personas, aunque lamentablemente, por la brevedad, ellos no pudieron hablar con Rajoy.

En el texto había una idea central: que al frente del ministerio del que dependieran los temas de Familia nombrara “a una persona con criterios claros de lo que es la familia, de sus valores, que tenga convicciones sólidas en este campo y energía para llevar adelante la política adecuada”.

Se añadía una segunda idea: que la aplicación de estas políticas se inicie cuanto antes, y se señalaba la urgencia de hacer de España un país “familiarmente responsable” o “amigable” con las familias.

Al hablar con Rajoy, reitero que no pudo ser más que un breve intercambio de palabras que no pasó de pocos segundos porque iba a empezar un mitin, para ejemplarizar le dije que no nos parecería correcto que colocara al frente de tal ministerio personajes como Leyre Pajín o Bibiana Aido, a quienes habíamos sufrido en los últimos años. La respuesta del actual presidente del Gobierno fue que pondría a “una persona seria” al frente de estos asuntos.

Hoy sabemos que es Ana Mato la persona “seria” de la que dependen tales temas familiares, aparte de otros cometidos. Aún es pronto para emitir cualquier juicio sobre la actuación de la ministra. Hay que darle un margen de confianza y tiempo para actuar. Además, comprensiblemente, es lógico que el nuevo Gobierno esté centrado en estas primeras semanas en la gravísima situación económica, la crisis, la deuda soberana, el déficit público, el paro… y que otros asuntos, aunque sean importantes, queden para algo más adelante.

En política familiar podemos comprender y aceptar que la precariedad en las arcas públicas impida aquí y ahora aplicar algunas medidas de apoyo a las familias, sin que se renuncie a plasmarlas en la realidad dentro de uno o dos años, pero no todas las actuaciones públicas tienen un contenido económico, sino que algunas derivan puramente de los principios que se defienden y de la voluntad y valentía políticas. No sería aceptable que determinadas iniciativas dejaran de llevarse adelante.

Quisiera recordar en primer lugar un par de promesas electorales muy claras del Partido Popular que no pueden aplazarse sine diae.

Una es la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Diversas organizaciones, entre ellas el Grup d’Entitats Catalanes (GEC) de la Família que represento, nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones en contra de dicha asignatura. No queremos caer en maximalismos y afirmar que todo en ella está mal, pero es indudable que una parte, y de forma especial muchos de los textos usados, tiene un contenido que vulnera claramente el derecho de los padres. Es una asignatura con una fuerte dosis ideológica que desvaría en aspectos tan nucleares en la persona, y más en niños y adolescentes, como es la formación de la afectividad y la sexualidad. Tal formación corresponde en primer lugar a los padres o en quienes estos deleguen, pero no al Estado. Y menos con las deformaciones evidentes. Quien transmite un determinado patrimonio moral a los hijos son los padres, no el Estado. Y éste no es el único problema.

Una formación sobre los derechos humanos, los valores constitucionales o la necesaria urbanidad puede ser valiosa, pero es obvio que algunos de quienes implantaron aquella asignatura no era eso lo que pretendían.

El programa del Partido Popular expresaba también con claridad que derogaría la nueva Ley del Aborto. Una ley de plazos que, además, contiene la monstruosidad adicional de convertir en un “derecho” de la mujer la destrucción del niño no nacido.

No nos satisface la posición del PP de volver a la Ley anterior, con los tres supuestos conocidos de despenalización (malformación del feto, violación o peligro para la saludad física o mental de la madre). Hay que llegar a la abolición de cualquier ley que mata a un ser humano que está aún en el seno de su madre. La vistan como quieran, sigue siendo una inmensa aberración.

Pero aunque nos parezca corto, al menos, como primer paso, implanten lo prometido en el programa electoral. Y que además, se ejerza el control severo de la aplicación de la ley, que se había convertido de hecho en un coladero de aborto libre en base a la mentira generalizada de “peligro para la salud física o mental de la madre”.  Las clínicas abortistas, los médicos que firman los expedientes, deben tener claro que no estarán en situación de impunidad.

Junto a ello, en positivo, una política claramente pro-vida. Dar facilidades a las madres en dificultades para que puedan tener a su hijo, ayudar a que se establezcan sistemas tipo “redes madre” (con este nombre u otro) que pueden salvar muchas vidas, ayudar a entidades que trabajan en ello, informar adecuadamente en los centros de salud y no derivar de inmediato a las chicas hacia el aborto, decir con toda claridad que la píldora del día siguiente es abortiva…

La elección del centro educativo que los padres deseen para sus hijos no puede estar sujeta a las restricciones actuales de zonificación. Si se tiene el convencimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que deben poder elegir el centro que consideren más adecuado para sus hijos de acuerdo con sus convicciones y valores humanos, morales y religiosos lo razonable es impulsar tal posibilidad. Habrá razones prácticas, por ejemplo económicas o de distancia, que impedirán que un cierto porcentaje de familias puedan hacer uso de tal derecho, pero que al menos no esté cerrado a todos por normativa pública.

La libertad de elección contribuirá, de rebote, a otro aspecto fundamental: la mejora de la calidad de la enseñanza y la reducción del fracaso escolar. Sean públicos o privados, si los centros han de competir para atraer alumnado mejorarán su calidad. Los que funcionen mal quedarán relegados.

No es muy valiente la posición de Mariano Rajoy en relación al “matrimonio” homosexual. Dice que esperará la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso presentado por su propio partido. Desde el punto de vista legal nada que objetar.  Pero sería bueno saber si lo considera positivo y cuál es su concepción del matrimonio.

No existe la menor duda de que quienes elaboraron la Constitución de 1978 se referían al enlace hombre-mujer cuando hablaban de matrimonio. No sabemos cómo lo interpretarán los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Hay que estar siempre preparados siguiendo a Cervantes en el Quijote: “Cosas veredes, amigo Sancho”. En cualquier caso, sea legal o no, algunos tenemos claro dónde está lo mejor en este campo.

Aunque corresponde más a las empresas que al Estado, no está de más recordar que se pueden dar pasos en la conciliación de la vida laboral y familiar impulsados desde las instituciones.  Sin entrar en detalles, baste recordar que en la mayor parte de países de Europa padre y madre suelen estar ya en casa a las 6 de la tarde y pueden dedicarse a sus hijos y a las tareas domésticas. Repase el lector a qué hora los progenitores llegan a casa en España.

Hasta ahora la única medida directamente referida a política de familia ha sido el retraso de la aplicación del permiso de paternidad ampliado. No es buena noticia, pero es un recorte menor comparada con otros ajustes.

Tan importante como aplicar medidas concretas es el discurso pro-familia y hacer que las formas de actuar del Gobierno en políticas de todo tipo, incluidas las trasversales, tengan referencia en la familia. Se trata de hacer un país “amigable”, friendly, con las familias. Sólo esto, algo que puede parecer un intangible, ya implica un cambio espectacular respecto a los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, en materia de familia, fueron desastrosos y han dejado una estela de tierra quemada. Limitarse a considerarlos negativos sería corrección política de la peor especie.

A quienes estamos en organizaciones familiares nos ilusiona pensar que se puede ir adelante en política familiar, aunque reconozcamos que “no está el horno para bollos”, que es ilusorio a corto plazo pensar en acciones pro-familia desde el Gobierno que impliquen costos económicos significativos. Pero no sólo se vive de dinero. A lo largo de casi ocho años hemos tenido que desarrollar una gran parte de la actividad en base a una actitud reactiva frente a las continuas agresiones a la familia y a la vida. Sería un placer pensar que podemos actuar en positivo.